El padre de Camila entró con el uniforme naranja, sus manos esposadas y la mirada clavada en el suelo. Esa sola imagen lo hacía parecer culpable antes de que alguien dijera una palabra. A su lado estaba licenciado Ocampo, el defensor público designado, un hombre desaliñado que parecía más interesado en su teléfono que en la vida del acusado.
Héctor apenas lo había visto 10 minutos desde su arresto. La jueza Elena Montgomery, tía del acusador Edgar, presidía con una autoridad fría, impregnada de viejos prejuicios y del peso de un apellido intocable. El conflicto de interés era tan obvio que dolía, pero nadie en la sala parecía querer reconocerlo. “Señor Torres, se le acusa de hurto mayor, allanamiento y espionaje corporativo.
¿Cómo se declara?”, preguntó la jueza con voz cortante. Ocampo respondió sin levantar la vista. No culpable, señoría. Entonces se levantó el fiscal Julián Ortega, famoso por su récord perfecto de condenas. El Estado presenta pruebas contundentes. La tarjeta de acceso del acusado fue utilizada en áreas restringidas.
Faltan documentos valorados en millones y las cámaras de seguridad se corrompieron misteriosamente durante su turno. La jueza asintió con indiferencia mientras Héctor intentaba gritar que era inocente, pero un golpe seco del mazo lo obligó a callar. Camila apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas. Aquello no era justicia.
Era una trampa cuidadosamente construida y en ese momento supo que no podía quedarse sentada ni un segundo más. Objeción, señoría. La voz de Camila resonó como un rayo en la sala, rompiendo el tedio de la audiencia. Todas las miradas se giraron hacia la joven de apenas 14 años, que se levantaba en la galería con la carpeta de cartón sostenida contra el pecho como si fuera un estandarte.
La jueza Montgomery frunció el ceño ofendida. Siéntese de inmediato, señorita. Este es un tribunal, no una escuela de teatro. Pero Camila no retrocedió ni un paso. Con todo respeto, señoría, la Constitución garantiza representación legal competente y el defensor público asignado ha demostrado una clara negligencia.
Según el caso Pueblo contra Salazar, la ineficacia de defensa es motivo para intervención inmediata. Un murmullo sacudió la galería. Algunos presentes sacaban sus teléfonos para grabar la escena. El fiscal Ortega se levantó con un gesto de burla. Esto es absurdo. Es solo una niña disfrazada de abogada. Camila clavó sus ojos en él.
Soy la hija del acusado y tengo derecho a hablar. He detectado al menos cinco violaciones de procedimiento en los últimos 10 minutos. ¿Quiere que las enumere ahora o espero a que lo haga la Corte de Apelaciones? El rostro de Héctor se humedeció con lágrimas contenidas. Observando a su hija como si la viera por primera vez.
