“Las inyecciones se aplican entre las 2 y las 4 a.m.
El personal nocturno son contratistas.
Sus números de identificación no existen en la base de datos del penal.”
Su última anotación decía:
“Los embarazos avanzan al doble de la velocidad normal.”
Cuando El Heraldo Nacional publicó la historia, el país estalló.
Protestas frente al penal de Santa Lucía.
Familiares de las internas exigieron respuestas.
Las autoridades negaron toda participación, alegando que el video era falso.
Pero los investigadores descubrieron que varios contratistas mencionados en las notas de Elena tenían vínculos con una empresa biotecnológica privada:
GenXCore Laboratorios, anteriormente acusada de experimentos ilegales.
Días después, el alcaide Pérez renunció, alegando “motivos personales”.
Cuando un reportero le preguntó si creía que los embarazos eran parte de un experimento, solo respondió:
—Sin comentarios.
Meses después, cinco bebés nacieron dentro de los muros del penal.
Ninguna madre recibió visitas.
Las solicitudes de pruebas de ADN fueron rechazadas por “órdenes superiores”.
Los recién nacidos fueron puestos bajo “custodia protegida”.
Nadie sabe dónde están.
Los medios buscaron respuestas, pero la verdad quedó enterrada.
Jamás se volvió a ver a la doctora Briceño.
Algunos decían que estaba muerta.
Otros, que la habían ocultado para protegerla.
